martes, 19 de marzo de 2013

BITÁCORA 3


En nuestro último análisis fuimos bastante optimistas. Esto en lo relativo a las discusiones que se realizaban entre el Concejo y la Administración en relación a la reforma de la valorización de las obras del Acuerdo 180 del 2005. Sin embargo, lo visto durante la semana demuestra lo complejo que puede llegar a ser entender como funcionan estas instancias de discusión política, en las que se deciden los derroteros con los cuales la ciudad establece sus perspectivas de desarrollo.

Es muy interesante, no obstante, observar las maniobras que establecen los bandos en contienda por hacer prevalecer sus intereses. Pues se recurre a mecanismos legales que, amparados en los calendarios determinados por las legislaturas, generan un debate inesperado en el cual se insertan los acontecimientos actuales, pasados y los posibles a futuro. Así, por ejemplo, las decisiones que la Fiscalía va tomando con relación al “carrusel de la contratación”, -en las que esta semana se indagó, por primera vez, sobre concejales en activo-, permiten que las jornadas tomen rumbos impensados e influyan en lo que pueda pasar con las discusiones que se adelantan en la actualidad. La lucha política se caracteriza por el hecho de que los poseedores de capital deliberativo lo puedan mantener ante la opinión pública, que está atenta a reconocer a quien ofrecer su apoyo en estas disyuntivas. Por lo tanto, hay de fondo una instrumentalización de los contenidos discutidos, en aras de obtener la posición más favorable que permita conservar el acervo político a los interlocutores.

Los videos anexos muestran las dos posiciones. En el primero, la presidente del Concejo expone sus razones. En el segundo, el Alcalde Encargado, Ricardo Bonilla, presenta las renuencias a lo votado por el Concejo.



En el resultado de lo votado, el Concejo negó la mayoría de puntos álgidos del proyecto de la Administración, como lo relativo a los deprimidos de la Caracas y el mejoramiento de la malla vial local e intermedia. Otros puntos del proyecto sí fueron aprobados, pero desconcierta el hecho de que, al mismo tiempo, no se aprueben los recursos para su realización. Esto obliga al Distrito a considerar un desbalance fiscal que puede llegar al billón de pesos. La Administración sabe que de no aceptar lo votado por el Concejo, tendrá que hacer un llamamiento a sesiones extras en el cabildo y esto hará que los plazos que tiene la ciudadanía para realizar los pagos de valorización se cumplan sin haber hecho los cambios que en un primer momento fueron la causa de lanzar la iniciativa. Y, de ser así, no habría ningún avance ante lo expuesto por el clamor ciudadano. La opinión pública, lógicamente, buscará un culpable, que seguramente será la Administración Distrital, pues los concejales han querido, durante el curso del debate, hacer ver como onerosas las propuestas ejemplificadas en el proyecto. De esta manera, el alcalde, Gustavo Petro, considera posible la vía jurídica, que consiste en impugnar ante la justicia las decisiones del Concejo. Instancia que complicaría aún más las cosas y ante lo cual los funcionarios de la Administración presentan objeciones. Vemos, de esta manera, la complejidad del trámite institucional en la ciudad, y se generan muchas preguntas acerca de cómo se maneja la actividad pública en el país.



En otro frente de los procesos relativos al uso que se hace de los recursos públicos de la ciudad, llama la atención la vía libre que el Banco Mundial dio para realizar los estudios del metro subterráneo para la capital, pues lo define como una obra generadora de bienestar y progreso para los bogotanos. El Sistema Integrado de Transporte nos genera muchas dudas, pues es seguro que no se podrán cumplir los plazos inicialmente concebidos. En lo relativo a los buses de Transmilenio que tendrían que salir de funcionamiento a final de año, la Administración acordó una prorroga del contrato por tres años más, pero con reducción de costos para la ciudad y, posiblemente, para los usuarios. Nos parece una conciliación adecuada, pues el estado de los buses es aceptable.

Ante lo arduo del proceso actual, en que se busca definir las maneras en que la ciudad organiza los importantes proyectos que definirán la manera en que se insertará en las opciones de mercado que el TLC va a ofrecer, subrayamos, sin embargo, la positiva visión que tienen de sí mismos los bogotanos, pues, según la Encuesta de Calidad de Vida, hecha por el DANE, tienen el mejor acceso a educación, salud y trabajo del país, lo cual los hace considerar que su situación económica no inhibe sus posibilidades de desarrollo.

Fuentes



martes, 12 de marzo de 2013

BITÁCORA 2


Los acontecimientos económicos de la ciudad, durante la última semana, mantienen la línea temática de lo acontecido en el año en curso. Los debates por la valorización y los intentos de la fiscalía por encontrar información que devele la trama de ilegalidades en la contratación en Bogotá, son los que más acaparan la atención. Sin embargo, también hay un optimismo generalizado sobre la actividad económica de la capital, pues se mantiene saludable en estos términos, aun por encima del comportamiento nacional y en contravía de la debilidad económica mundial.

Creemos que esta tendencia de mejora económica en Bogotá se está registrando gracias a que los progresos en la calidad del empleo, que son los mejores del país, ofrecen la posibilidad a los hogares bogotanos de contribuir de manera robusta con el mercado interno de la ciudad. En esta tónica, algunas localidades de la capital avanzan en la idea de ofrecer sus servicios 24 horas al día, incluidos servicios públicos como notarías y transporte; también se anuncian políticas para la capacitación de emprendedores de los sectores culturales, los cuales representan, cada vez más, un importante rubro en la generación de riqueza y formación para la ciudad. Es importante que estas nuevas expresiones de la actividad comercial y cultural en Bogotá estén respaldadas por una legislación laboral que proteja los derechos del trabajador en cuanto a remuneración y cuidado de la salud. De la misma manera, que los ciudadanos que manifiesten interés por estas jornadas extendidas, puedan tener la debida protección por parte de las autoridades.

Este panorama de posibilidades, crecimiento e inversión hace que se estén llevando a cabo sendos debates en lo concerniente al futuro manejo de los recursos de la ciudad. Las discusiones entre Concejo y Administración sobre como concertar la distribución y tributación por las obras que se planean, se decantan en posiciones proactivas que, creemos, enriquecen el espectro de soluciones y la discusión académica. Vemos, por ejemplo, que la visión de la Administración Distrital acerca de que vías públicas como la Caracas ya no precisan una simple actualización semafórica, permiten pensar una ciudad moderna, que avizore a tiempo los retos de un futuro en ciernes, en donde se requieren soluciones no convencionales para el uso del espacio, como podrían ser los deprimidos para la Av. Caracas. Los concejales, empero, abogan por una racionalización del gasto y, aunque, como ya dijimos, el debate nos parece proactivo, presentan sus objeciones con respecto a que estas megaobras de la malla vial no deben ser consideradas para los cobros de valorización; incluso, por otra parte, un análisis de la Cámara de Propiedad Raíz, reclamó la inconstitucionalidad del artículo que busca segregar el impuesto por valorización a los predios con un costo mayor a 135 salarios mínimos, pues, aducen, se vulnera la igualdad y equidad para todos los ciudadanos, además de que el impuesto a la malla vial ya se paga con la sobretasa a la gasolina. 

Otra crítica a los proyectos de la administración es que no se deben hacer proyecciones sobre obras que no tengan diseños realizados, como puede ser el caso de estos pasos deprimidos para la Caracas. Es una discusión interesante si se tiene en cuenta el alto costo que representa la mejora de la malla vial, pues, por ejemplo, un kilómetro-carril tiene el mismo costo que la educación para 900 niños, en un año.


Otra pugna que vive la ciudad es la que tiene que ver con las investigaciones por el “carrusel de la contratación”, que esta semana alcanzó a la administración del alcalde Luis Eduardo garzón, pues, las informaciones que implicados, como Emilio Tapia, proporciona a la fiscalía, dejan ver los pingües beneficios que irregularmente algunos concejales condicionaban para la aprobación de contratos públicos. La fiscalía, tratando de obtener la máxima información posible, anuncia preacuerdos beneficiosos para los inculpados, pero jueces encargados de la correcta implementación de estos mecanismos han reversado estos procesos por no ser claros en lo correspondiente al reintegro de las grandes sumas malogradas. Así, los distintos entes distritales invocan el equilibrio de poderes, que es fundamental para el tránsito hacia la justicia con equidad.

Se esperan para las próximas semanas conclusiones al respecto de estas dos grandes coyunturas económicas en Bogotá, pero observamos que la confrontación se está presentando en un ambiente sin enrarecimientos que permite que, al final, los máximos beneficiarios sean los residentes de la capital colombiana.

Fuentes
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/transmilenio-entraria-en-una-megalicitacion_12626767-4

martes, 5 de marzo de 2013

BITÁCORA 1


Tras el acontecer económico de la última semana, podemos observar que se están registrando los estertores del irregular manejo de los recursos del Distrito en los últimos años en lo que tiene que ver con contratación pública para obras de infraestructura. Así, los debates suscitados por los cobros de valorización y algunos laudos arbitrales que dan la razón al Distrito en lo referente a demandas por desequilibrio económico (que algunas empresas instauraron), demuestran que se venía implementando una desorganizada asignación y control de las obras públicas de la capital. 



El siguiente video registra las quejas de la Contraloría Distrital sobre irregularidades en contratación. Las denuncias enunciadas fueron notificadas por carta al Alcalde Mayor Gustavo Petro. Entre otras están la mala clasificación de contratos; ausencia de titular para la designación; ausencia de licitación pública en aras de mecanismos cerrados poco transparentes; poca calificación académica de los receptores de recursos; poca claridad sobre la finalidad de los proyectos; nominas paralelas, etc. Además de que para obras de infraestructura pública sólo se ejecutó un contrato durante el primer semestre de 2012. 




Los intereses políticos y la corrupción que se hicieron patentes en el caso del “carrusel de la contratación” devienen en innumerables focos de irregularidad, que tras incumplimientos de plazos y otras argucias legales -en que se escudan los que no acataron sus compromisos-, producen una enmarañada situación que no permite continuar con los procesos de manera sucinta. Casos como el de las obras ubicadas en la intersección a desnivel de la avenida Laureano Gómez (av. Carrera novena) con calle 94 y su conexión con la avenida carrera 19, en que dos sucesivos contratos con más de ocho suspensiones por incumplimiento (en los cuales aún no se comienzan las obras), son señal de lo dicho anteriormente.

En lo referente al debate por la valorización, vemos que los choques entre el legislativo distrital y la Administración Distrital hacen parte del reacomodamiento que el ejecutivo promueve para la ciudad, en que se precisa resolver todas aquellas filtraciones del presupuesto que no permitían un proceso estable. Tendrán que verse los resultados, pero es innegable que estaba enquistada una perniciosa dinámica en la contratación. Los bogotanos observan que la inversión que se supone se ha invertido para beneficio local y que ahora reciben como valorización, no se justifica con las demoras, incomodidades, escándalos y demás abyecciones de la feria de contratos de la Bogotá reciente. Es nuestra opinión que si muchas de estas obras hubieran redundado en calidad de vida, movilidad y progreso para los habitantes, no se habría registrado la indignación generalizada por un desbalance tan obvio. Esto, sin embargo, no excluye una perspectiva crítica sobre la manera en que se lleven los procesos en la actualidad.

El gran obstáculo es la vinculación profunda de estos intereses económicos con las tendencias e influencias de la fuerza política que no renuncia fácilmente a las prerrogativas del poder. Por lo tanto, situaciones de evidente menoscabo económico y moral, tienden a prolongar su caída a partir del respaldo ofrecido por la argucia política. Así, los argumentos tienden a centrarse en lo accesorio y no en lo fundamental. Desde luego no es la generalidad, pero a partir de la enorme interacción entre los destinos de Bogotá y la nación, el ambiente político bogotano se concibe como el campo de enfrentamiento entre tendencias. 

Esta confrontación puede observarse en otros aspectos, como en el debate que por los recursos de la salud mantuvieron el Secretario de Salud de Bogotá y el ministro de Salud de Colombia: las intenciones de ambos parecen genuinas y laudables, pues que mejor que redistribuir más acertadamente los recursos nacionales destinados a la salud, pero El Distrito y la Nación, aunque, creemos, reconocen el descalabro e ineficiencia de este sector, no encuentran el mecanismo para aunar esfuerzos, y es posible que de base se encuentre una disputa de carácter político. 

Otro caso de intereses políticos desafortunados en la esfera económica distrital, es el caso de la renuncia de la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues, en medio de la incertidumbre, se dejan ver pugnas políticas y represalias ante la normalización que intentó darse ante unas relaciones viciadas y manipuladas. Podemos estar equivocados, o mal informados, pero lo indudable es que se han instrumentalizado las necesidades básicas, derechos y el emprendimiento de la gente, como moneda de cambio en las luchas de poder.

Esperamos, en la medida en que nuestro conocimiento sobre el tema se afiance, poder realizar una crítica más sustentada y madura, en busca de coadyuvar los procesos que se inicien en beneficio de la ciudad y sus habitantes.


Fuentes