martes, 5 de marzo de 2013

BITÁCORA 1


Tras el acontecer económico de la última semana, podemos observar que se están registrando los estertores del irregular manejo de los recursos del Distrito en los últimos años en lo que tiene que ver con contratación pública para obras de infraestructura. Así, los debates suscitados por los cobros de valorización y algunos laudos arbitrales que dan la razón al Distrito en lo referente a demandas por desequilibrio económico (que algunas empresas instauraron), demuestran que se venía implementando una desorganizada asignación y control de las obras públicas de la capital. 



El siguiente video registra las quejas de la Contraloría Distrital sobre irregularidades en contratación. Las denuncias enunciadas fueron notificadas por carta al Alcalde Mayor Gustavo Petro. Entre otras están la mala clasificación de contratos; ausencia de titular para la designación; ausencia de licitación pública en aras de mecanismos cerrados poco transparentes; poca calificación académica de los receptores de recursos; poca claridad sobre la finalidad de los proyectos; nominas paralelas, etc. Además de que para obras de infraestructura pública sólo se ejecutó un contrato durante el primer semestre de 2012. 




Los intereses políticos y la corrupción que se hicieron patentes en el caso del “carrusel de la contratación” devienen en innumerables focos de irregularidad, que tras incumplimientos de plazos y otras argucias legales -en que se escudan los que no acataron sus compromisos-, producen una enmarañada situación que no permite continuar con los procesos de manera sucinta. Casos como el de las obras ubicadas en la intersección a desnivel de la avenida Laureano Gómez (av. Carrera novena) con calle 94 y su conexión con la avenida carrera 19, en que dos sucesivos contratos con más de ocho suspensiones por incumplimiento (en los cuales aún no se comienzan las obras), son señal de lo dicho anteriormente.

En lo referente al debate por la valorización, vemos que los choques entre el legislativo distrital y la Administración Distrital hacen parte del reacomodamiento que el ejecutivo promueve para la ciudad, en que se precisa resolver todas aquellas filtraciones del presupuesto que no permitían un proceso estable. Tendrán que verse los resultados, pero es innegable que estaba enquistada una perniciosa dinámica en la contratación. Los bogotanos observan que la inversión que se supone se ha invertido para beneficio local y que ahora reciben como valorización, no se justifica con las demoras, incomodidades, escándalos y demás abyecciones de la feria de contratos de la Bogotá reciente. Es nuestra opinión que si muchas de estas obras hubieran redundado en calidad de vida, movilidad y progreso para los habitantes, no se habría registrado la indignación generalizada por un desbalance tan obvio. Esto, sin embargo, no excluye una perspectiva crítica sobre la manera en que se lleven los procesos en la actualidad.

El gran obstáculo es la vinculación profunda de estos intereses económicos con las tendencias e influencias de la fuerza política que no renuncia fácilmente a las prerrogativas del poder. Por lo tanto, situaciones de evidente menoscabo económico y moral, tienden a prolongar su caída a partir del respaldo ofrecido por la argucia política. Así, los argumentos tienden a centrarse en lo accesorio y no en lo fundamental. Desde luego no es la generalidad, pero a partir de la enorme interacción entre los destinos de Bogotá y la nación, el ambiente político bogotano se concibe como el campo de enfrentamiento entre tendencias. 

Esta confrontación puede observarse en otros aspectos, como en el debate que por los recursos de la salud mantuvieron el Secretario de Salud de Bogotá y el ministro de Salud de Colombia: las intenciones de ambos parecen genuinas y laudables, pues que mejor que redistribuir más acertadamente los recursos nacionales destinados a la salud, pero El Distrito y la Nación, aunque, creemos, reconocen el descalabro e ineficiencia de este sector, no encuentran el mecanismo para aunar esfuerzos, y es posible que de base se encuentre una disputa de carácter político. 

Otro caso de intereses políticos desafortunados en la esfera económica distrital, es el caso de la renuncia de la presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues, en medio de la incertidumbre, se dejan ver pugnas políticas y represalias ante la normalización que intentó darse ante unas relaciones viciadas y manipuladas. Podemos estar equivocados, o mal informados, pero lo indudable es que se han instrumentalizado las necesidades básicas, derechos y el emprendimiento de la gente, como moneda de cambio en las luchas de poder.

Esperamos, en la medida en que nuestro conocimiento sobre el tema se afiance, poder realizar una crítica más sustentada y madura, en busca de coadyuvar los procesos que se inicien en beneficio de la ciudad y sus habitantes.


Fuentes  



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